Vale de 600 pesos de 1797
Cuando un gobierno enfrenta una situación de emergencia económica es común el despliegue de medidas encauzadas a paliar sus efectos y superar la crisis. No obstante, algunas estrategias temporales suelen tener efectos negativos a largo plazo. Un claro ejemplo de lo anterior es la Consolidación de Vales Reales decretada por el rey Carlos IV en 1804: aunque la Corona obtuvo lo que deseaba en el momento que lo necesitaba, la aplicación del decreto en América provocó la desestabilización de la economía colonial y puso en riesgo la gobernabilidad del imperio.
La Corona española sostuvo múltiples conflictos bélicos con sus principales competidores, Inglaterra y Francia, en aras de la consolidación de su poder imperial. Las guerras implicaron no solo la formación y organización de tropas, sino también la búsqueda de mecanismos económicos para su financiamiento. Aunque España contaba con cuantiosos recursos provenientes de sus colonias, resultaron insuficientes para cumplir con sus compromisos. De ahí que durante todo el siglo XVIII se haya desplegado un proceso de reformas administrativas cuya finalidad era aumentar los ingresos de la Corona.
Sumado a la reorganización administrativa, entre los mecanismos más socorridos para enfrentar el déficit financiero estaban la solicitud de préstamos y donativos (voluntarios o forzosos) y la emisión de títulos de deuda. La Corona realizó varias emisiones de títulos de deuda, conocidos como vales reales, cuyas condiciones resultaban favorecedoras para los compradores puesto que se ofrecía una comisión del diez por ciento, así como un interés del cuatro por ciento sobre el valor nominal de cada vale. Dado que la primera emisión de 1780 tuvo los efectos esperados, pues se recaudó un aproximado de cinco millones de pesos, la Corona decidió realizar más emisiones (1781, 1794, y 1795) en espera de captar mayores recursos. Sin embargo, la falta de un respaldo financiero sólido devaluó mucho los vales, lo que trató de soslayarse con el establecimiento del Banco de San Carlos y la creación del Fondo de Amortización para redimir la creciente deuda por el pago de réditos.
Para garantizar el valor de los vales y eventualmente retirarlos del mercado, en 1798 la Corona asignó nuevas garantías (ingresos aduanales y derechos del papel sellado), estableció la Caja de Amortización de Vales Reales y emitió el decreto de Consolidación, que en lo general ordenaba la enajenación de bienes de instituciones educativas, de salud y de beneficencia, así como de fundaciones religiosas y capellanías. Esto último implicaba que todos aquellos dueños de bienes sujetos al decreto debían ponerlos a la venta y depositar el valor en la Real Caja de Amortización, al tiempo que debían ingresar los capitales líquidos existentes en sus cajas y los invertidos mediante préstamos a terceros. A cambio, los depositantes recibirían un vale por el que la Corona pagaría réditos, de ahí que la medida fuese vista como un préstamo forzoso con efectos confiscatorios.
En principio, el decreto de Consolidación aplicaba solo para los reinos peninsulares; no obstante, el Tratado de Suministros firmado con Francia en 1803, por el que España se comprometió a pagar mensualmente más de trece millones de pesos, aunado a un nuevo conflicto naval con Inglaterra al siguiente año, obligaron a que la medida se hiciera extensiva a los reinos americanos. De ese modo, en 1804 se emitió el Real Decreto de Consolidación de Vales Reales para la enajenación de bienes de capellanías y obras pías en América.[1]
¿Cuáles fueron las implicaciones de la Consolidación de Vales Reales en Nueva España? En principio, el término obras pías abarcaba un gran número de instituciones religiosas y laicas dirigidas a la salud, la educación y el servicio religioso por lo que no sólo se enajenaban los bienes de la Iglesia[2] sino de miembros de la sociedad que habían establecido capitales para la beneficencia. Asimismo, dado que el decreto también consideraba el ingreso de capitales líquidos y en préstamo a las arcas reales, su aplicación impactaba negativamente al sistema económico cuyo dinamismo estaba fincado en intrincadas redes de crédito en las que participaba la sociedad entera. Como es bien sabido, la Iglesia fue la principal institución financiera de la Nueva España, ya que otorgaba cuantiosos préstamos con interés y una garantía inmobiliaria a rancheros, hacendados y mineros. La aplicación del decreto implicaba la pérdida de medios de subsistencia para fundaciones religiosas, pues vivían de los intereses de sus inversiones; al mismo tiempo, los deudores que no tuviesen los medios para pagar sus créditos corrían el riesgo de perder sus propiedades.
Como era de esperarse, el decreto de Consolidación no fue bien recibido en la Nueva España: sus habitantes, organizados alrededor de instituciones y corporaciones, dirigieron varias Representaciones al rey, en las que advirtieron las funestas consecuencias económicas y sociales de la medida. El principal peligro era la descapitalización del reino y por ende del Imperio.
Manuel Abad y Queipo, obispo de Valladolid, señaló en la Representación a nombre de los labradores y comerciantes de su diócesis que la solicitud era injusta y revelaba un gran desconocimiento de la dinámica económica novohispana. La injusticia radicaba en que la petición presionaba más a la Nueva España que a otras colonias, ya que ésta no solo aportaba en ingresos regulares unos 20 millones de pesos al año, sino que también mantenía a las tropas de otros lares del imperio por vía de transferencias fiscales conocidas como situados. Mientras que en la metrópoli la mayor parte de los ingresos por Consolidación vinieron de la venta de bienes inmuebles en “manos muertas”, esta situación era muy diferente en la Nueva España, donde la mayor parte de los capitales confiscables estaban invertidos en la agricultura, la minería y el comercio. La salida de aquellos capitales de la economía local y su ingreso a las arcas reales, aun con el supuesto pago de intereses, provocaría la quiebra de la colonia y de paso disminuirían drásticamente los ingresos fiscales del Imperio en general.[3]
Pese a las airadas quejas de los novohispanos, el decreto se llevó a efecto, en buena medida gracias al empeño del virrey José Iturrigaray, a quien se le asignó un porcentaje de lo recaudado como pago por su colaboración. Así, hacia 1809 cuando el decreto fue suspendido, la Nueva España había aportado un aproximado de 10 millones de pesos por concepto de Consolidación, de los 15 millones que se habían recaudado en todos los dominios españoles en América.
La historiografía sobre la Consolidación ha destacado que los principales efectos de la medida fueron el acrecentamiento del descontento de la población novohispana (que ya había sido afectada por la reorganización administrativa del reino); el retiro de capital productivo de las empresas; la drástica reducción del crédito disponible y el empobrecimiento general de los sectores beneficiados por los servicios financieros y de beneficencia que realizaban las fundaciones eclesiásticas. Aunado a ello, es importante mencionar que otro de los efectos de la medida fue la reconfiguración de las redes de crédito. Debido a que las puertas del crédito eclesiástico quedaron cerradas, comerciantes, mineros y hacendados tuvieron que echar mano de otras estrategias para conseguir los capitales necesarios para sus negociaciones. Una de ellas fue localizar nuevos prestamistas con la ayuda de los notarios, pues éstos no solo resguardaban un archivo con información valiosa de los capitales susceptibles de inversión, sino porque paulatinamente cobraron importancia en la reorganización de las redes de crédito al fungir como intermediarios entre prestamistas y deudores. De esa manera, los legados de viudas, herencias y algunos funcionarios se convirtieron en las nuevas fuentes de crédito novohispano en ausencia de los capitales eclesiásticos, aunque en menor proporción que los capitales prestados por la Iglesia con anterioridad.[4]
La Consolidación de Vales Reales alteró el dinamismo económico novohispano por la reducción de fuentes de financiamiento, al tiempo que reveló la interdependencia de los distintos agentes económicos y la disposición a desafiar a la autoridad regia y virreinal cuando sus órdenes atacaban los intereses de los súbditos. La resistencia organizada de comerciantes, mineros y hacendados se hizo visible tanto en la presentación de quejas formales, como en una serie de acciones veladas y frontales que buscaban detener la aplicación del decreto de Consolidación; entre estas últimas se puede incluir la aprehensión del virrey Iturrigaray en 1808, justamente a manos de los comerciantes de la Ciudad de México más afectados por la Consolidación.[5]
Si bien los efectos económicos de la Consolidación fueron diferenciados según la región y el sector económico de que se trate, lo cierto es que lo urgente restó valor a lo importante. Al final, este decreto tuvo un costo político muy alto, pues la sangría de capitales y la presión del virrey sobre los destinatarios de la medida fueron factores decisivos para empujar a ciertos grupos sociales a participar en el proceso independentista.
[1] Gisela von Wobeser, Dominación colonial. La Consolidación de Vales Reales, 1804-1812, México, UNAM, 2003.
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/dominacion/nueva_espana.html
[2] Los únicos bienes exentos eran aquellos adquiridos en el momento de realizada la fundación. Todos aquellos que se habían adquirido a posteriori estaban sujetos a enajenación.
[3] Manuel Abad y Queipo, “Representación a nombre de los labradores y comerciantes de Valladolid”, en José María Luis Mora, Obras Sueltas, París, Librería de Rosa, 1837, t. 1.
Disponible en: http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/29673
[4] Iliana Quintanar, “Una aproximación al estudio de las redes crediticias novohispanas: el Consulado de la Ciudad de México y el depósito irregular (siglos XVIII-XIX)”, Guillermina del Valle y Antonio Ibarra, Redes, corporaciones comerciales y mercados hispanoamericanos en la economía global, siglos XVII-XIX, México, Instituto Mora, 2017.
[5] Guillermina del Valle, Finanzas piadosas y redes de negocios. Los mercaderes de la ciudad de México ante la crisis de Nueva España, 1804-1808, México, Instituto Mora, 2012.
