Cámara de Diputados, 1829 a 1872, CC BY-SA 3.0
El 11 de diciembre de 1832, los generales Anastasio Bustmante y Antonio López de Santa Anna firmaron un armisticio en Puebla que puso fin a la guerra civil de 1832. En este documento, ambas partes acordaron dejar sus armas en tanto que el Congreso General aprobara el tratado de paz propuesto por un aliado de López de Santa Anna, Manuel Gómez Pedraza. No obstante, el Congreso se negó aceptar la facultad de los generales para negociar la paz, por lo que rechazó tanto el armisticio como el plan de paz. En respuesta, los generales volvieron a la mesa para negociar un nuevo convenio de paz, que firmaron el 21 de diciembre en la Hacienda de Zavaleta, cerca de la ciudad de Puebla. Este tratado no hizo mención alguna del Congreso ni de la necesidad de que el poder legislativo lo ratificara. Frente a esta situación, el Congreso General resolvió cerrar sus puertas, declarando así el fin abrupto de su periodo legislativo con un manifiesto que acusó a Bustamante y Santa Anna querer usurpar sus funciones.
[L]os jefes del ejército se transforma[n] en cuerpo deliberante, se arroga el poderlegislativo, aprueba planes quiméricos de pacificación, mejor diremos, de destrucción del antiguo pacto federal, y reorganización de la sociedad; y aunque se digna remitirlos al examen del congreso, único representante de la nación, es solamente para la indispensable aprobación, y reservándose ella la facultad de examinar el acuerdo si fuere diferente.
[Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, no. 117, miércoles 26 de diciembre de 1832]
De esta manera, el convenio de Zavaleta entró en vigor, legitimado exclusivamente por la firma de los dos generales beligerantes. En marco del convenio, se realizaron nuevas elecciones legislativas y presidenciales en enero de 1833 para subsituir las celebradas en septiembre de 1832. Gracias a ellas, Santa Anna llegó a la presidencia por la primera vez, asumiendo el cargo el 1 de abril de 1833.
Anastasio Bustamante, retrato, dominio público
En este texto quiero explicar la confrontación entre el Congreso General y los generales Bustamante y López de Santa Anna en 1832 con el fin de ilustrar una cuestión recurrente de la historia política mexicana del siglo XIX: el papel del ejército en el gobierno. De acuerdo al constitucionalismo liberal, el ejército no debía tomar parte alguna en el gobierno, pues sus instituciones deben siempre estar en manos de representantes del pueblo. No obstante, en la práctica los militares también consideraban representantes de la voluntad popular: de ahí, la costumbre de lanzar pronunciamientos contra el gobierno en nombre de ella. Asimismo, durante este periodo, la presidencia quedaba casi exclusivamente en manos de un militar en activo; de modo que el presidente nunca ocupaba un papel neutral en cualquiera confrontación entre ejército y gobierno. En consecuencia, durante la primera mitad del siglo coexistían dos formas de representación en el gobierno mexicano: las elecciones y los pronunciamientos. El desenlace de la guerra civil de 1832 ilustra muy bien qué tan incómoda y problemática era esta cohabitación para el sistema constitucional del momento.
Los orígenes de la guerra civil se encontraban en la contravertida elección presidencial de septiembre de 1828. En estos comicios, las rivalidades políticas del momento se dividían en torno a dos candidatos: el general Manuel Gómez Pedraza y el general Vicente Guerrero. El resultado de la elección dio la presidencia a Gómez Pedraza; pero, los seguidores de Guerrero negaron a aceptarlo. Desde Veracruz, Santa Anna lanzó un pronunciamiento a favor de Guerrero y algunas semanas después, hubo una rebelión militar y popular en la ciudad de México que culminó con el infamoso saqueo del mercado del Parián el 30 de noviembre. En medio de la violencia, Gómez Pedraza decidió renunciar su candidatura a la presidencia y exiliarse de la república. En enero de 1829, el Congreso General declaró que Vicente Guerrero había ganado la elección, por lo que asumió la presidencia el 1 de abril de este año. El candidato que había ganado tercer lugar en los comicios originales, el general Anastasio Bustamante, fue nombrado vice-presidente. Algunos meses más tarde, los oponentes de Guerrero lanzaron una rebelión en su contra bajo el mando del vice-presidente. Esta vez, Guerrero terminó exiliado en su hacienda de Tixtla; y el Congreso General lo declaró incapacitado en enero de 1830, nombrando al vice-presidente Bustamante el nuevo encargado del poder ejecutivo.
Antonio López de Santa Anna, retrato, dominio público.
Así las cosas, la guerra civil de 1832 representaba el tercer acto de la drama inciada en 1828. Por un lado, había el gobierno de Anastasio Bustamante y el Congreso General electo a finales de 1829 para el bienio 1830 a 1832. Por el otro, había sus oponentes: López de Santa Anna, ahora en colaboración con Manuel Gómez Pedraza y el gobernador de Zacatecas, Francisco García, y los antiguos seguidores de Vicente Guerrero. Los rebeldes argumentaron que las administraciones de Guerrero y Bustamante fueron usurpadoras e ilegales por lo que el único presidente legítimo era Gómez Pedraza, ganador de las elecciones de 1828.
En septiembre de 1832, el Congreso dio licencia al general Bustamante para salir de la ciudad de México frente al ejército para enfrentar los rebeldes. Algunas semanas después, Bustamante renunció a la vicepresidencia, y el Congreso nombró a Melchor Múzquiz como presidente interino. En otras palabras, cuando Bustamante firmó el primer armisticio en Puebla el 11 de diciembre, ya no era vice-presidente sino sólo ostentaba el cargo del general en jefe del ejército. El tratado se firmó en nombre del ejército por Bustamante, y en nombre de López de Santa Anna por los rebeldes. El poder de representación que ambos generales se otorgaron al ejército por este acto, era bien ilustrado por el artículo 6 del tratado, que estipulaba:
Aun cuando el gobierno y las cámaras de la unión reprueben el proyecto de paz de que habla el art. 1, no por eso romperán las hostilidades, y antes bien entonces lo tomará en consideración el ejército de S. E. el general Bustamante.
La implicación de esto era clara: el Congreso debía ratificar el plan, porque en caso contrario, Bustamante estaba dispuesto impónerselo con su fuerza militar.
El proyecto de paz que el tratado del 11 de diciembre quería imponer era de la autoría de Gómez Pedraza. Proponía que todas las elecciones federales y estatales realizadas desde 1828 se declararan nulas. Gómez Pedraza ocuparía la presidencia hasta el 30 de marzo de 1833, fecha en que terminaría el cuatrenio por el que fue electo en 1828; y su administración supervisaría la convocatoria a elecciones al Congreso General, a las legislaturas estatales y al poder ejecutivo. De esta forma, Gómez Pedraza quería borrar todo lo ocurrido en los últimos tres años y poner fin al conflicto originado en la elección presidencial de 1828.
Manuel Gómez Pedraza, retrato, dominio público.
Desde la perspectiva del Congreso General, el proyecto de paz no cumplía con su propósito declarado, sino constituía -en palabras del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales y gobernación del Senado- “un plan que destru[ía] la esencia del sistema representativa,” fundado en “una continua infracción de la constitución general y de las particulares de los estados”. Señalaban los senadores que la Constitución de 1824 no permitía al Congreso disolver las legislaturas estatales existentes ni anular los comicios que se acababan de realizar en septiembre de 1832. Si el Congreso ratificara el plan, las nuevas elecciones convocadas serían ilegales, y las instituciones electas ilegítimas en consecuencia. De modo que el plan de Gómez Pedraza, según los senadores, no ofrecía a posibilidad de poner fin al conflicto político; más bien, significaría la destrucción del orden constitucional. Por esta razón, recomendaban al Senado no ratificarlo.
Sin embargo, los congresistas reconocían que el artículo 6 del tratado les dejaba muy pocas opciones. El Congreso General no se pudo oponer a la fuerza militar combinada de los generales Bustamante y López de Santa Anna. Es por esta razón que optaron disolver el periodo de sesiones anticipadamente el 21 de diciembre de 1832. Su único remedio en esta situación era la denuncia a la opinión pública. Por consiguiente, el mismo 21 de diciembre la Cámara de Diputados publicó un manifiesto en el Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, que denunciaba el golpe de estado que acababa de realizarse:
Mexicanos: os han patentizado vuestros representantes las causas y efectos de los principales sucesos, los principios y designios de su conducta, y los objetos de las providencias del congreso: podrán haber errados en sus combinaciones, pero os juran por cuanto hay más sagrado, que […] juzgó que la única tabla de salvación en tan deshecha borrasca era el inflexible apego á la constitución y el mejor sistema político, [y] en nuestras circunstancias, no prestar ni sombra de legitimidad a ninguno de los trastornos revolucionarios.
Llevad á bien que antes de terminar os recordemos algunos verdades que debéis grabar profundamente en vuestros corazones. Destruida violentamente una constitución (aunque sea con designio de mejorarla), con la misma facilidad se destruye otra y otras hasta quedarse sin ninguna, sirviendo la violencia primera de pretexto legal para las revoluciones subsecuentes.
Es así como este anécdota de 1832 demuestra uno de los problemas fundamentales para el primer constitucionalismo mexicano. La Constitución de 1824 promulgó un sistema de gobierno representativo, en el que las instituciones de gobierno deberían ser electos. No obstante, en la realidad esta constitución convivía y dependía de otra fuente de poder: el militar. Para este poder la presidencia era la pieza clave a controlar, pues desde la administración federal provenía su presupuesto. Para el gobierno, el apoyo de los militares era fundamental para asegurar la continuidad de su administración. Como sabían los congresistas en 1832, ningún gobierno podría enfrentar a la fuerza militar en última instancia. En un sistema político en que representaba la voluntad popular y la voluntad militar, la militar siempre tenía el voto de calidad.
